por Revisando fotografías antiguas, me encontré con una imagen tomada en julio de 2004, durante mi primer despliegue en Bosnia Herzegovina. La fotografía es de un cuadro que vi en una oficina gubernamental en Tuzla. A primera vista parecía un cartel administrativo envejecido por el tiempo; al observarlo con mayor atención, aparecía algo más significativo: un instructivo de defensa civil, heredado de la antigua Yugoslavia, que explicaba señales de alarma ante peligro aéreo, amenaza radiológica-biológica-química, desastres mayores y otras amenazas.
En la parte superior se distinguían imágenes de un hongo nuclear. Aquella pieza, aparentemente burocrática, condensaba el miedo característico de la Guerra Fría: la posibilidad de que la población tuviera que vivir bajo una amenaza de escala catastrófica. Esa fotografía me llevó a pensar nuevamente en un dilema que parecía del siglo XX, pero que hoy vuelve con fuerza. La tensión entre EEUU, Israel e Irán, el programa nuclear iraní, la fragilidad de los acuerdos diplomáticos, la presión sobre el estrecho de Ormuz, el desarrollo de misiles, drones y la irrupción de tecnologías en sistemas militares obligan a revisar la pregunta: ¿podemos convivir con tecnologías capaces de entregar seguridad absoluta a unos y amenaza existencial a otros?
La era nuclear comenzó en la II Guerra Mundial con el Proyecto Manhattan. La prueba Trinity, el 16 de julio de 1945, confirmó el poder de la fisión; semanas después, Hiroshima y Nagasaki mostraron que la bomba no era solo una nueva arma, sino una variable estratégica capaz de alterar la política mundial. Durante la Guerra Fría, EEUU y la URSS organizaron su equilibrio sobre la posibilidad de la destrucción mutua asegurada, que reducía el incentivo de iniciar una guerra nuclear total, pero desplazaba la competencia hacia guerras indirectas, crisis regionales y carreras tecnológicas.
Reducir la energía nuclear a la bomba sería un error. La tecnología nuclear ha permitido avances en medicina, electricidad, agricultura y muchas otras áreas. Su dilema es que muchas capacidades pacíficas pueden adquirir valor militar si se combinan material sensible, conocimiento técnico, falta de transparencia institucional y voluntad política. El uranio enriquecido, la investigación sensible, los vectores de lanzamiento y la doctrina estratégica no son, por separado, prueba de un arma nuclear; pero en conjunto pueden acortar el camino hacia ella. Por eso el Tratado de No Proliferación Nuclear intentó ordenar esta tensión: impedir la expansión de armas nucleares, permitir usos pacíficos y promover el desarme. Su límite es político: reconoce a cinco potencias nucleares, exige renuncia al resto y depende de la confianza, inspecciones efectivas e incentivos de seguridad.
Medio Oriente concentra casi todas las variables que dificultan la no proliferación: guerras interestatales, rivalidades ideológicas y religiosas, presencia de potencias externas, petróleo, rutas marítimas críticas, Estados frágiles, milicias, drones, misiles y ciberataques. Israel mantiene una política de opacidad nuclear, no confirma ni niega poseer armas nucleares. Esa ambigüedad le permite sostener una disuasión estratégica sin declararla formalmente, pero también alimenta la percepción regional de asimetría.
Irak buscó capacidades nucleares bajo Saddam Hussein. En 1981, Israel atacó el reactor Osirak bajo la lógica de impedir que un adversario hostil avanzara hacia una capacidad nuclear. Tras la Guerra del Golfo de 1991, las inspecciones internacionales terminaron por desmantelar elementos relevantes del programa iraquí. Siria habría desarrollado un reactor secreto en Al-Kibar, presuntamente con apoyo norcoreano. Israel destruyó esa instalación en 2007 y años después el OIEA concluyó que el edificio destruido probablemente era un reactor que debió haber sido declarado. Libia representa una ruta distinta: Muammar Gaddafi buscó capacidades nucleares a través del mercado negro, pero sin una base científica nacional suficiente. En 2003 renunció a sus programas de armas de destrucción masiva y aceptó su desmantelamiento. Su caída en 2011 dejó una lección amarga para otros regímenes: entregar capacidades estratégicas no garantiza necesariamente la supervivencia política.
El caso más complejo es Irán, cuyo programa nuclear no nació con los ayatolás. Comenzó bajo el Shah, en el marco de la cooperación con EEUU y el programa Átomos para la Paz. La Revolución Islámica de 1979 transformó la relación de Irán con Washington, Israel y el orden regional. Luego, la guerra Irán-Irak consolidó una percepción de vulnerabilidad: para Teherán, la seguridad no podía depender de garantías externas.
Irán aprendió de Irak, Siria y Libia. A diferencia de ellos, desarrolló un sofisticado conocimiento local, dispersó instalaciones, fortificó sitios sensibles y construyó una red regional de disuasión asimétrica. Su programa no es solo técnico; combina soberanía, prestigio, supervivencia del régimen y capacidad de negociación. Teherán sostiene que su programa es civil. Sus adversarios observan niveles de enriquecimiento, restricciones de acceso, investigación sensible, misiles y apoyo a actores armados como señales de una estrategia de aproximación al umbral. El punto crítico es la confianza: sin cooperación suficiente, el OIEA ha advertido que no puede entregar garantías creíbles sobre la ausencia de material o actividades nucleares no declaradas.
Para comprender el impacto estratégico hay que recordar que una bomba nuclear no es solo material fisible. Para convertirse en arma requiere diseño, ingeniería, seguridad, doctrina, mando y control, además de un vector de entrega, que puede ser un avión, misil balístico, misil de crucero u otro medio. Por eso, el debate sobre Irán no puede separarse de sus misiles, drones, satélites, ciberdefensa y red de aliados. Aquí es útil recordar a Colin S. Gray: una innovación no transforma la guerra por sí sola; solo adquiere significado cuando se integra en estrategia, doctrina, cultura organizacional y objetivos políticos. La bomba no es solo física y el misil no es solo ingeniería, todo depende de cómo esas capacidades sirven a fines políticos.
El reciente acuerdo de paz del 15 de junio entre EEUU e Irán introduce un punto de inflexión. Las fuentes disponibles lo describen como un entendimiento orientado a detener la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y abrir una fase posterior sobre el programa nuclear iraní. Su impacto inmediato es relevante: reduce la presión militar directa, alivia parcialmente la tensión energética y abre una ventana diplomática. Sin embargo, no resuelve el núcleo del problema. Si no incluye inspecciones, límites verificables al enriquecimiento, tratamiento del material acumulado, control de centrifugadoras, restricciones misilísticas y garantías frente a actores armados regionales, puede terminar siendo una pausa táctica más que una solución estratégica. Para Israel, el riesgo es que la diplomacia deje intacta una amenaza existencial. Para los países del Golfo, el acuerdo reduce la presión inmediata sobre rutas energéticas, pero no elimina la pregunta sobre el equilibrio regional. Para Irán, ofrece alivio y tiempo, pero también lo obliga a demostrar si su programa es civil o si busca preservar una condición de Estado umbral.
A partir de ese acuerdo, los escenarios se ordenan entre una desescalada verificable y una estabilidad precaria. El mejor resultado sería que el acuerdo derive en límites efectivos al enriquecimiento, reducción o traslado de material sensible, retorno pleno de inspectores y alivio gradual de sanciones. El escenario intermedio es una pausa táctica que reabra Ormuz y reduzca la presión energética, pero deje a Irán como Estado umbral, con capacidad latente y margen para mantener una guerra en la sombra mediante ciberataques, sabotajes, proxies o presión marítima. El escenario de mayor riesgo combina ruptura del acuerdo, ataques preventivos israelíes, escalada regional y una carrera por capacidades de doble uso en Arabia Saudita, Turquía o Egipto. La salida más estable seguiría siendo una arquitectura regional de seguridad que aborde simultáneamente el programa iraní, la opacidad israelí, los misiles, las garantías externas y una zona libre de armas nucleares o de destrucción masiva, aunque hoy esa alternativa continúa siendo políticamente difícil.
En conclusión, las armas nucleares prometen seguridad absoluta, pero producen inseguridad colectiva. Un Estado puede buscarlas para protegerse y, al hacerlo, empujar a sus rivales a recorrer el camino del dilema de Tucídides. En Medio Oriente, ese dilema de seguridad se vuelve más peligroso porque el átomo no puede separarse de la historia regional: Israel opera bajo una lógica de amenaza existencial; Irán se percibe como potencia sitiada; los Estados del Golfo temen quedar atrapados entre rivalidades mayores; Estados Unidos alterna diplomacia, sanciones y fuerza; y Rusia y China observan la crisis dentro de la competencia global.
Por eso, el dilema nuclear no se resuelve solo destruyendo instalaciones ni firmando tratados. Las instalaciones pueden reconstruirse, los tratados pueden incumplirse y el conocimiento no se bombardea. Solo una arquitectura de seguridad que reduzca la desconfianza puede hacer menos racional buscar la bomba.
Aquel cartel en Tuzla no pertenecía únicamente al pasado. Mostraba cómo los Estados intentaron enseñar a sus ciudadanos a convivir con amenazas que superaban la escala humana. Hoy, el lenguaje ha cambiado: ya no hablamos solo de sirenas, refugios y defensa civil, sino de enriquecimiento de uranio, misiles, drones, algoritmos y guerras indirectas. Mientras Medio Oriente no logre construir un orden donde ningún Estado considere racional buscar el arma nuclear, el viejo cuadro de Tuzla seguirá mirando al presente.
